El mayor apoyo al cine y a la cultura, según Malraux, se da cuando la cultura forma parte del corazón de la política. Ahora no es el caso en gran parte de países, entre los que destaca España. Sin embargo el hecho de que la industria audiovisual y de la comunicación cree tantos empleos como la industria aeronáutica en Estados Unidos ha decidido a muchos Estados europeos a desarrollar una política más intensa de ayudas al sector cultural y concretamente al cine. Se trata de facilitar la financiación para producir películas. Existe el modelo es francés: la subvención automática con la obligación de reinvertirla en una nueva película, acompañada de subvenciones selectivas concedidass por comisiones. Es un modelo que también está en vigor en Alemania, Bélgica, Austria e Italia, donde a partir de 2o17 también las ayudas selectivas serán automáticas. El otro gran modelo se basa en las desgravaciones, como Irlanda y Holanda. También en la actualidad, Francia e Italia han introducido como complemento las desgravaciones. F. El IV Seminario sobre la industria audiovisual, celebrado en mayo y junio de este año, que he dirigido, en el que han participado destacados profesionales y expertos, ha tratado el tema de la estrategia a seguir para contar con una industria audiovisual en España, pero que es igual de útil para gran número de Estados. España ha cambiado su modelo de ayudas automáticas al más anacrónico de anticipadas. Entre las ultimas películas del sistema que desaparece se encuentran: Julieta de Almodovar, La novia de Paula Ortiz, El hombre de las mil caras de Alberto Rodríguez, Nadie quiere la noche de Isabel Coixet, Que Dios nos persone de Rodrigo Sorogoyen, La reconquista de Jonas Trueba, Un monstruo viene a verme de J. A. Bayona, María (y los demás) de Nelly Reguera o El olivo de Iciar Bollain. .
Es preciso sustraer la
política cultural en nuestro país de la lucha política que resta certidumbre y
seguridad jurídica a un sector productivo que, con enormes posibilidades de
desarrollo, incorpora un gran valor
añadido, tecnología, riqueza y empleo a nuestro país, pero que, en las
actuales circunstancias, se encuentra muy por debajo de estas posibilidades. En
un momento histórico de profunda transformación social y política en España y
en Europa, sería conveniente alcanzar un cierto consenso básico de los grupos
políticos y los agentes del sector para que la política cultural responda
estable y sostenidamente a los siguientes criterios que se proponen.
De dicho consenso se
derivarían una ley del mecenazgo que englobe toda la participación privada en
la sostenibilidad de las industrias culturales, una fiscalidad específica para
la cultura, especialmente con el tema del IVA, así como un Ministerio de
Cultura que proyecte una política activa en los países de habla hispana.
Las conclusiones del grupo de
trabajo del IV seminario de la industria audiovisual española, son las
siguientes:
Las tres primeras conclusiones se refieren a cómo ayudar a la producción.1.- El cine y el audiovisual
tienen en Francia, Italia y Alemania, nuestros habituales coproductores, un
valor estratégico y forma parte de una política de Estado, ausente en España. Poseen
los mejores Fondos de ayuda: Francia, 500 millones de euros, Alemania, 360 e
Italia 400. El carácter industrial del cine lo marcan las ayudas automáticas
destinadas a reinvertir en nuevas películas. En España los Fondos de ayuda no
llegan al 10% de los fondos de Alemania, muy lejos de los cien millones
comprometidos hace unos años, como una política de Estado que no se implantó.
2.- El modelo de ayudas
español es coyuntural, no genera industria ni empleo estable y crea inseguridad
en la producción. Es uno de los Fondos europeos más bajos, por lo que su
alternativa, además de las desgravaciones fiscales, es la dotación de un Fondo
público acorde con la dimensión económica de España.
3.- Las Agrupaciones de
Interés Económico (AIE) están dando buenos resultados y se deben potenciar al
igual que los nuevos sistemas público-privados de financiación: sistemas de Garantías
(como CREA SGR), la creación de un Establecimiento Financiero de Crédito
especializado de la Industria Cultural (EFC), una Plataforma de financiación
participativa (PPF) y Seguros de Buen Fin.
El idioma español, como el inglés, facilitan la difusión internacional. 4.- El idioma español es el
mayor capital de nuestro cine. Los países iberoamericanos, consideran que el
cine y el audiovisual son fundamentales para su cultura y valores. Todos ellos
desarrollan medidas de apoyo y promueven un periodo de auge creativo.
Ibermedia es fundamental en
este desarrollo y España, que promovió y lideró este programa debe recuperar el
protagonismo perdido en los últimos años y aumentar su participación. Deben fomentarse mecanismos de
coproducción iberoamericana, una gran plataforma de distribución de nuestras
producciones y los mecanismos de promoción de nuestro cine, foros y premios.
El cine y el audiovisual son cuestión de Estado y hoy día los espectadores deben encontrarse en todos los países por razonees culturales y económicas, por lo que hay que fomentar y apoyar la distribución. 5.- El cine y el audiovisual
deben ser un asunto de Estado para España, como lo está siendo cada vez más en todos
los países iberoamericanos con 500 millones de espectadores en español.
6.- Los datos y su análisis
tienen un mayor valor en un mundo cada vez más complejo. Sin datos no se valora
la industria, y la falta de información, tanto pública como privada, impide la
transparencia del sector. El cambio digital, que crea un mundo nuevo, exige una
mayor velocidad e inmediatez de la información. En este sentido es importante
promover los registros digitales online seguros de la propìedad intelectual, a
través de plataformas tecnológicas como las existentes, y la adecuada
identificación universal de las obras audiovisuales con el código ISAN. 7.- En España no se ha creado
un modelo audiovisual, ni público ni privado, acorde con el tiempo digital. En
particular, la aceptación por todas las partes de la necesidad de la inversión
en producción cinematográfica y audiovisual requiere la continuación de esta
política. Para ello se hace necesario dotar con medios suficientes a RTVE y demás
televisiones públicas y establecer un Pacto del Sector de la Producción
independiente con los Grupos de Comunicación privados, que facilite la creación
de industria y desarrollo de talento. 8.- Se hace necesario aplicar
una política decidida de apoyo a la distribución independiente con el fin de
que ésta adquiera una posición sólida y fuerte lo que resulta esencial para el
mantenimiento de una industria audiovisual española potente. Para ello se debe
facilitar el acceso al crédito y a los beneficios fiscales bonificando la
reinversión en el sector y considerando los gastos de lanzamiento una inversión
y no un coste del proceso. Se considera conveniente incentivar también, la
promoción del producto final en el mercado.
La existencia de un cine y un audiovisual fuertes requiere la protección de la creación intelectual. 9.- La Reforma de la Ley
21/2014 de Propiedad Intelectual de 4 de Noviembre resulta inoportuna, precipitada
y cuanto menos, parcialmente contraria al Derecho Comunitario. El Tribunal de Justicia de la
UE ha desautorizado recientemente la reforma de la legislación española sobre la
compensación por copia privada, declarándola contraria al Derecho Comunitario –
lo que obliga a volver a un sistema racional y coherente de compensación
privada fuera de los presupuestos del Estado – sistema que rige en la práctica totalidad de los Estados Miembros de
la UE y garantizar a los titulares
de las obras – como antes de la reforma- la adecuada compensación por todas las
copias privadas cuya realización no es posible controlar.
Una
compensación privada no debe satisfacerse con cargo a los recursos públicos
alejándose del modelo implantado en Europa y favoreciendo al sector tecnológico
en perjuicio del cultural. Y debe compensar siempre el daño real causado. Los
hábitos de copia en España son similares a los de Francia, Italia, Alemania y
resto de los países europeos donde se remunera justamente a los titulares de
derechos.
Asimismo, la Orden
ECD/2574/2015, de 2 de diciembre, por la que se aprueba la metodología para la
determinación de las tarifas generales del uso del repertorio de las entidades
de gestión, contiene varios preceptos que entran en conflicto con aspectos
esenciales de la propiedad intelectual y que perjudican los derechos de los
titulares y de las entidades de gestión, en favor de los usuarios, lo que
requiere una solución urgente.
Las asociaciones de productores y creadores desarrollan una gestión eficaz en la defensa de sus derechos. 10.- Las Entidades de Gestión
de Propiedad Intelectual realizan una acción indispensable para el
sostenimiento de las industrias culturales en general y de la audiovisual en
particular, al remunerar de forma transparente, mutual y eficaz el talento
creativo de tal forma que si no existiesen deberían ser inventadas.
Transparencia del sector, por
supuesto, al tiempo que exigencia de respeto a los derechos por parte de los
usuarios. No debe ponerse solamente el foco en la transparencia de las
entidades de gestión, ya que se utiliza e a menudo por los usuarios de los
derechos como excusa para no respetar la legislación de p
11.- Uno de los puntos básicos
para la protección de la Propiedad Intelectual de las industrias culturales es
el relacionado con la Educación, Concienciación y Divulgación del valor de la
industria y de la creación audiovisual, en todos los ámbitos de la sociedad,
especialmente en el ámbito educativo. En este sentido se propone el
establecimiento de un Pacto con el Sector Audiovisual, que agrupe a Academias
de Cine y TV, Asociaciones de productores y de profesionales, Asociaciones de
Cadenas de TV, Entidades de Gestión de la Propiedad Intelectual y otras
entidades relacionadas que contribuya al desarrollo integral de la industria de
la creación en España.
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| María (y los demás) |
La utilización legal de las obras de cine y audiovisuales es una de las claves para el desarrollo de estos sectores. 12.- La legislación sobre
lucha contra la piratería puede considerarse mejorable aunque aceptable, y el
Estado debe exigir su cumplimiento. Existe una mayor conciencia social del
problema y de las consecuencias de la piratería, lo que debe ser aprovechado
por España para acabar con las prácticas fraudulentas. Tolerancia cero con la
piratería. Entre otras medidas propuestas por el sector destaca la creación de
una Fiscalía especializada contra los delitos a la propiedad intelectual e
industrial. Es también esencial la
realización de ciclos formativos específicos para los operadores jurídicos
(Jueces, Fiscales y Policía) sobre la importancia real de la Propiedad
Intelectual y la dimensión y consecuencias de la defraudación sufrida por los
titulares, así como los nuevos argumentos jurídicos existentes tras las
recientes reformas legales.
Es necesaria la creación de
grupos de trabajo a nivel transnacional y fomentar la cooperación para la
persecución de las infracciones, máxime cuando gran parte de ellas se producen a
través de Internet.
Todas estas medidas propuestas
deberían ser analizadas y planteadas en
una subcomisión en el nuevo Congreso de los Diputados que recogería, a
través de comparecencias e informes, los distintos criterios y sensibilidades
en juego y elevaría un dictamen que, tras su aprobación, se materializase en un
programa legislativo y de acciones administrativas y políticas que relancen el
sector de las Industrias Culturales españolas conforme a un plan estratégico
colaborativo entre éstas y las Administraciones Públicas.
